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El Gobierno incumple la ley de igualdad en la oposición a notario
La Opinion
27/01/2010
El hecho de que la igualdad entre hombres y mujeres sea una de las banderas políticas del actual Gobierno no ha impedido que el propio Ministerio de Justicia incumpla la legislación sobre paridad en la convocatoria de las oposiciones a notarías, que este año se llevarán a cabo en A Coruña y Madrid a partir del 8 de marzo.
El tribunal que debe examinar a los aspirantes en la sede del Colegio Notarial coruñés está compuesto por siete personas, de las cuales sólo una es una mujer, pese a que la legislación vigente obliga a que al menos haya otras dos, circunstancia que no se produce en la capital española, donde tres mujeres forman parte de ese órgano.
El incumplimiento del precepto hace posible que alguno de los candidatos presente una impugnación del tribunal, hecho que podría afectar a la fecha en la que se efectuarán las pruebas si este problema no se resuelve con la suficiente antelación.
José Manuel Amigo Vázquez, decano de la entidad colegial de A Coruña, es el presidente del tribunal ante el que concurrirán 434 opositores en búsqueda de las 45 plazas convocadas por el ministerio del que es titular el también coruñés Francisco Caamaño. A él se sumarán como vocales el notario Francisco Manuel Ordóñez Armán, el registrador José Ignacio García Moratilla, la abogada del Estado Consuelo Castro Rey, el catedrático de Derecho Miguel Ángel Pérez Álvarez y el magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Pablo Sande. El último miembro del tribunal será el también notario Víctor José Peón Rama, quien intervendrá en la prueba como secretario.
La ley orgánica que establece la igualdad entre hombres y mujeres, aprobada en 2007, dedica un capítulo específico al "principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella", que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha asumido al fijar la paridad entre hombres y mujeres en la composición del Consejo de Ministros. El artículo 53 de la ley señala que todos los tribunales y órganos de selección del personal del Estado "responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas".
El Ministerio de Justicia convocó estas oposiciones el pasado 24 de septiembre mediante una resolución en la que afirma que esta convocatoria "tiene en cuenta el principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo". Este departamento gubernamental hizo pública la composición de los tribunales de Madrid y A Coruña el 14 de enero mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En la orden ministerial no se hace ninguna mención a circunstancias especiales que obliguen a que no haya otras dos mujeres entre los examinadores de los candidatos a notarios en la prueba que se realizará en A Coruña, ya que tan sólo se hace referencia a que los tribunales deberán constituirse con al menos cinco miembros, así como a las funciones que desempeñarán los asistentes en caso de ausencia del presidente o el secretario designados inicialmente.
La formación de los tribunales de oposiciones está fijada mediante el artículo 10 del Reglamento Notarial, que establece que estos órganos se compondrán de un presidente y seis vocales, de los que el primero actuará en delegación del director general de los Registros y el Notariado. Entre las personas que pueden recibir ese encargo figuran un subdirector general con el título de notario o registrador, uno de estos profesionales que preste sus servicios en este departamento del Ministerio de Justicia, el decano o un miembro de la junta de gobierno del colegio en el que se lleven a cabo las pruebas o un notario con más de 10 años de antigüedad en la carrera.
Las vocalías serán cubiertas por dos notarios —uno de los cuales debe estar colegiado en la demarcación en la que se desarrollen las oposiciones—, un catedrático o profesor universitario de Derecho, un miembro de la carrera judicial con categoría de magistrado, un registrador de la propiedad o mercantil, así como un abogado del Estado o ejerciente con más de 15 años de experiencia profesional en las especialidades civiles o mercantiles.
Todas estas condiciones referidas a la cualificación profesional se cumplen en la composición del tribunal que juzgará los conocimientos de los candidatos el 8 de marzo en A Coruña, aunque no las impuestas por la conocida como ley de igualdad, ya que la letrada Consuelo Castro Rey, jefa de la Abogacía del Estado en Galicia, es la única mujer que figura entre los examinantes. En el caso de la prueba que se celebrará en Madrid, el tribunal contará con tres mujeres, de las que una es abogada del Estado, otra profesora de Derecho y la tercera notaria.
