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El Gobierno refuerza las medidas antiblanqueo sobre políticos y sus familiares
Cinco Dias
28/11/2009
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que obliga a bancos, abogados y asesores fiscales, entre otros, a reforzar su política de control de riesgo cuando su cliente sea un político o familiar de uno.
La normativa actual ya obliga a las entidades de crédito y profesionales liberales (asesores fiscales, notarios o abogados) a informar al Servicio Ejecutivo para la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) cuando tengan indicios o sospechas de que uno de sus clientes pretende blanquear dinero.
Sin embargo, la nueva normativa fija un aumento de las obligaciones de control de los llamados sujetos obligados cuando un cargo público utilice sus servicios.
En primer lugar, los bancos y profesionales liberales deberán disponer de medios para determinar si un cliente entra dentro de lo que la directiva define como una "persona del medio político", que incluye a jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, miembros del Tribunal Supremo y Constitucional, embajadores y miembros de los órganos de administración de empresas públicas. Los padres, hermanos, hijos y pareja de los cargos públicos también estarán sometidos a un mayor control. Así, un empleado de banco o de un bufete de abogados deberá pedir la autorización de la dirección para establecer relaciones comerciales con personas del medio político y adoptar medidas concretas para determinar el origen del patrimonio de su cliente.
En la memoria de 2008, el Sepblac alerta del bajo número de comunicaciones sospechosas (sólo 35) que los abogados remitieron a la oficina antiblanqueo adscrita al Banco de España.
Los notarios fueron, con diferencia, el sector profesional que más informó al Sepblac. Los bancos y cajas de ahorro, por su parte, remitieron 2.143 comunicaciones sospechosas el año pasado, un 10% más que en 2007.
